El conflicto administrativo se originó en octubre de 2024, cuando la Comisión Territorial de Urbanismo del Alt Pirineu devolvió la propuesta de modificación del plan parcial SAU-S01. El motivo fue la falta de una consulta previa obligatoria, según el artículo 75.4 de la Ley de Urbanismo, necesaria para asegurar el equilibrio del planeamiento territorial.
El nuevo alcalde de Alt Àneu, Josep Miquel Rosell, ha anunciado que el ayuntamiento no intervendrá en el proceso judicial. El proyecto contempla la construcción de 154 viviendas en un núcleo que actualmente cuenta con apenas una treintena de residentes fijos en el Pallars Sobirà.
“"Desde el Ayuntamiento hemos decidido no personarnos en las actuaciones que se dirimen en el juzgado."
Para los promotores, este crecimiento en el Pallars Sobirà es clave para aliviar el tráfico hacia las pistas desde la Val d'Aran. Sin embargo, la magnitud de la obra ha generado un intenso debate local sobre el modelo de desarrollo sostenible en los Pirineos.
