La iniciativa busca revertir una situación que dura ya 60 años, desde que un decreto franquista suprimió el juzgado en 1965. Desde entonces, los habitantes de la comarca deben acudir a los tribunales de Tremp para sus gestiones legales.
La propuesta cuenta con el respaldo de los 15 municipios de la zona y del Consell Comarcal. Los impulsores defienden que la medida es justa por derecho histórico y por la necesidad de acercar la administración a una población muy dispersa geográficamente.
