Con esta nueva fase, el número total de procedimientos abiertos se eleva a treinta y cinco. Entre los nuevos expedientes, destaca el único calificado de “muy grave”, dirigido a Red Eléctrica, el operador del sistema.
Según la CNMC, la empresa podría haber incumplido obligaciones fundamentales como la de garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, de acuerdo con criterios de seguridad y fiabilidad, y la gestión de los servicios de ajuste necesarios para mantener el equilibrio de la red.
Los quince nuevos expedientes se suman a los veinte anunciados la semana anterior y afectan principalmente a grandes operadores del sector. Endesa Generación concentra once de los nuevos procedimientos, y también se investigan empresas como Engie, TotalEnergies y ContourGlobal, así como la asociación nuclear Ascó-Vandellòs, participada por Endesa e Iberdrola.
“"La investigación no se limita a los hechos del 28 de abril, sino que incluye también prácticas detectadas otros días. Estos comportamientos podrían constituir igualmente indicios de infracciones de la normativa sectorial y haber afectado el funcionamiento del sistema durante un período prolongado."
En el caso de la asociación nuclear, la CNMC señala posibles prácticas consistentes en la presentación de ofertas con valores “anormales o desproporcionados” que habrían podido alterar el funcionamiento del mercado eléctrico, especialmente en el despacho de las unidades de generación.
A pesar de la ampliación de los expedientes, la CNMC insiste en que estos procedimientos no permiten atribuir, por sí solos, la causa del apagón a las empresas investigadas. El organismo mantiene que el colapso del sistema tuvo un origen “multifactorial”, resultado de una combinación de factores técnicos y operativos. El regulador ha rechazado las críticas de algunas compañías eléctricas que señalaban un supuesto “vacío normativo” en el control de tensión en el momento del incidente, defendiendo que el marco regulador existente era suficiente.
Los expedientes abiertos corresponden mayoritariamente a posibles infracciones calificadas de graves, y el caso de Red Eléctrica se mantiene como el único considerado muy grave, con eventuales sanciones que podrían alcanzar los 60 millones de euros. Ahora se abre una fase de instrucción que puede durar entre nueve y dieciocho meses, durante la cual las empresas afectadas podrán presentar alegaciones y aportar pruebas antes de que el regulador adopte una resolución definitiva.
