Competencia abre nuevos expedientes a energéticas por infracciones similares al apagón

La CNMC ha iniciado 34 nuevos expedientes sancionadores contra varias compañías, incluyendo Iberdrola y Endesa, por posibles irregularidades en instalaciones eléctricas.

Imagen genérica de una torre eléctrica con el cielo azul de fondo, simbolizando la infraestructura energética.
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Imagen genérica de una torre eléctrica con el cielo azul de fondo, simbolizando la infraestructura energética.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto 34 nuevos expedientes sancionadores a varias compañías energéticas, incluyendo Iberdrola y Endesa, por posibles infracciones en sus instalaciones.

Estos nuevos procedimientos se suman a un expediente previo contra Red Eléctrica y otro contra la central nuclear de Almaraz-Trillo, todos ellos en el marco de la investigación por el gran apagón eléctrico. La CNMC busca determinar si Red Eléctrica incumplió sus funciones como operadora, causando perjuicios al sistema o a los usuarios durante el incidente.
De los 34 expedientes recientes, 18 afectan a Iberdrola y 12 a Endesa, con carpetas separadas para diferentes instalaciones. El resto de los procedimientos se han abierto a TotalEnergies, Engie Cartagena, ContourGlobal La Rioja y Ascó-Vandellòs. A pesar de las investigaciones, Competencia ha asegurado que ninguna de las 34 presuntas infracciones supuso un riesgo para la garantía de suministro.
Las acusaciones, excepto en el caso de Ascó-Vandellòs, se refieren a la realización de actividades sin la autorización pertinente, la falta de mantenimiento adecuado de las instalaciones o el uso de instrumentos que ponen en riesgo la seguridad. En el caso de la central nuclear catalana, se investigan

ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente las unidades de generación o casación del mercado.

La CNMC ha reiterado que el apagón tuvo un

origen multifactorial

y que los hechos investigados

no implican, por sí solos, la atribución del origen o causa

de los acontecimientos del 28 de abril a las empresas afectadas. Los procedimientos sancionadores tienen una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses, dependiendo de la gravedad de la infracción, y las compañías podrán presentar alegaciones.