En el marco del juicio contra la familia Pujol Ferrusola, los exmiembros del Govern han negado presiones externas. Espadaler ha subrayado que su firma fue el último paso de un proceso validado por técnicos de la Generalitat y organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro.
“"Habría estado fuera de lugar no conceder la autorización."
Salvador Milà ha precisado que, ante la contestación social en la Ribera d'Ebre, se acordó limitar el uso de la instalación a residuos locales. Según Milà, denegar la inscripción en el registro habría supuesto una ilegalidad por parte de la administración.
