“"Yo no era fácil de presionar."
La autorización ambiental del vertedero de residuos de Tivissa (Ribera d'Ebre) se concedió en octubre de 2002, durante el gobierno de CiU. López Salgueiro, quien realizó la ponencia ambiental, aseguró que todos los informes técnicos preceptivos eran favorables y correctos.
La declaración se produjo durante la sesión del juicio contra la familia Pujol Ferrusola y varios empresarios. El exdirector negó depender de la Secretaría General de Industria, cargo que ocupaba en aquel momento Oriol Pujol.
La operación del vertedero fue impulsada por una empresa de los investigados Gustavo Buesa y Josep Mayola, junto con Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa Mercè Gironès. Estos últimos cobraron una comisión y vendieron su participación dos años después de obtener la licencia ambiental.
En su testimonio, López Salgueiro subrayó que la autorización de un vertedero es un procedimiento administrativo “complejo” que implica diversas administraciones y departamentos, y que es habitual devolver los proyectos para solicitar mejoras y evitar riesgos.
