La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Paneque, ha comparecido en el Parlament para detallar las actuaciones del primer mes de aplicación de la ley, que entró en vigor el pasado 3 de octubre. Ha anunciado que en noviembre se ampliará la dotación de ayudas para la retirada del amianto, con una previsión de 20 millones de euros para cubrir la retirada, transporte y tratamiento de residuos.
Estas ayudas se complementan con las destinadas a emergencias, que ya han permitido intervenir en municipios del Ripollès, la Garrotxa y el Alt Urgell. Una nueva convocatoria también atenderá las cubiertas dañadas por episodios meteorológicos recientes.
Según datos del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), se han identificado 122.460 cubiertas de fibrocemento, equivalentes a unos cuarenta kilómetros cuadrados y unas 700.000 toneladas de material repartidas en 945 municipios. La Generalitat estima que aún queda cerca de un millón de toneladas por retirar, con más del 85% superando la vida útil en 2030.
Las principales novedades operativas incluyen la creación de la Oficina de Erradicación del Amianto, con una dotación inicial de 13 personas, y la emisión obligatoria del certificado de amianto en operaciones inmobiliarias. También se inicia el trámite de consulta pública del futuro reglamento de la ley y se actualizará el mapa de cubiertas de fibrocemento.
La ley se estructura en cinco ejes: conocimiento (Censo catalán de materiales con amianto), responsabilidad (retirada del patrimonio público antes de 2028), instrumentos (Fondo para la Erradicación del Amianto, registro de empresas y régimen sancionador), personas (protección reforzada ante enfermedades relacionadas) y gobernanza (coordinación institucional).
