La medida, validada durante el pleno municipal de este martes, responde a la necesidad de preservar el ecosistema ante el aumento de afluencia en estas zonas naturales. Según el consistorio, se han detectado problemas de convivencia y degradación del entorno, especialmente durante los fines de semana de verano.
El nuevo marco normativo establece un precio público de cinco euros por el uso de cada barbacoa, acompañado de una fianza de cincuenta euros. Estos ingresos se destinarán al mantenimiento de las instalaciones. Aunque la aplicación efectiva dependerá de la adecuación de los espacios a la normativa, la Policía Local ya tiene autoridad para desalojar a los bañistas y sancionar en caso de desobediencia.
Durante la sesión plenaria, los grupos municipales debatieron sobre la necesidad de reforzar el civismo. Mientras algunas formaciones sugirieron ampliar las restricciones a otros comportamientos, como el uso de música a volumen elevado, otras reclamaron la presencia de informadores en la zona y la creación de infraestructuras como una piscina pública.
