Con una pluviometría que la sitúa como la segunda comarca más lluviosa de Cataluña, solo superada por la Alta Ribagorça, el Ripollès ha aprovechado sus condiciones geográficas y una tradición monástica histórica para desarrollar un vasto patrimonio ligado al agua. Este incluye unas sesenta centrales hidroeléctricas, con sus presas y canales, además de numerosos molinos harineros, muchos de los cuales se encuentran actualmente en proceso de deterioro.

Las primeras referencias a canales en el Ripollès se remontan al siglo X en Ripoll, con la mención de «aquaductu-um», que designaba estructuras elevadas para canalizar el agua. Esta infraestructura hidráulica, construida a lo largo de once siglos, ha tenido funciones diversas, desde el riego de campos hasta la propulsión de molinos harineros, bataneros y papeleros, así como la generación de energía eléctrica, haciendo de la comarca un territorio autosuficiente en este ámbito.

El Ripollès desempeñó un papel fundamental y a menudo olvidado en la industrialización de Cataluña con la introducción de la energía eléctrica. Entre 1901 y 1909, se construyeron las dos primeras grandes centrales hidroeléctricas en la comarca, la de Daió en Queralbs y la de Brutau en Setcases-Vilallonga de Ter. Estas permitieron el suministro a larga distancia, llegando a la llanura de Osona y la Garrotxa. Además, Ripoll fue pionero en España en el alumbrado público eléctrico, instalado en agosto de 1892.

Esta herencia histórica ha modelado la identidad del Ripollès, facilitando la transición de la manufactura del hierro a la de la electromecánica. Sin embargo, este valioso patrimonio industrial ha sufrido daños recientes, como el cierre de la Séquia Molinar o la inutilización del canal del Pla de la Magdalena en Ripoll.

En un esfuerzo por recuperar y gestionar estas infraestructuras, la Generalitat de Catalunya ha creado la empresa L'Energètica. Desde el verano de 2024, esta entidad ha asumido la gestión de su primera central hidroeléctrica, la de Can Trinxet en Sant Quirze de Besora, una medida que se considera positiva ante la gestión de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA).