El autor carga contra el ministro Ernest Urtasun y el secretario de Estado Jordi Martí, a quienes señala como responsables de silenciar al Instituto de Patrimonio Cultural (IPCE). Según Velasco, el Ministerio de Cultura teme que los técnicos desaconsejen el traslado de las obras, perjudicando los intereses de Aragón.
“"Si el IPCE habla, dirá que no se deben tocar, pero el Ministerio no quiere poner a la institución en la tesitura de hablar contra los intereses de una comunidad autónoma."
La obra también analiza los errores en la defensa jurídica de la Generalitat y el papel del actual gobierno de Salvador Illa. Velasco sostiene que el traslado de las pinturas sería una temeridad técnica que ninguna aseguradora querría avalar debido al riesgo de destrucción de estas piezas únicas del siglo XII.
