Críticas a la gestión de Cal Macià en Alcarràs pese a la investigación de la Fiscalía

Una plataforma ciudadana acusa al ayuntamiento y al departamento de Cultura de no proteger adecuadamente la antigua residencia de Francesc Macià.

Imagen de una fachada de piedra antigua con signos de deterioro
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Imagen de una fachada de piedra antigua con signos de deterioro

La plataforma Salvem Cal Macià ha expresado su descontento con el ayuntamiento de Alcarràs y el departamento de Cultura por la gestión de la antigua residencia de Francesc Macià, a pesar de una investigación abierta por la Fiscalía.

La entidad considera que ambas administraciones continúan sin cumplir con su obligación de preservar el histórico inmueble de Vallmanya, que fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) en la categoría de lugar histórico el año pasado. Según la plataforma, los requerimientos al propietario para realizar obras son meras "cortinas de humo".

"Siguen cometiendo los mismos errores que nos llevaron a presentar la denuncia ante la Fiscalía. El consistorio y el Govern solo hacen trámites para fingir que trabajan en la conservación de la casa."

un portavoz de la entidad
La plataforma ha manifestado su desconfianza hacia las acciones de la Generalitat y el ayuntamiento respecto a Cal Macià. Han recordado que el propietario ignoró un requerimiento municipal anterior para hacer obras y prevén que el requerimiento emitido por la Generalitat el pasado 31 de marzo tendrá el mismo resultado.
Desde la entidad, se argumenta que tanto el consistorio como el Govern podrían actuar de forma subsidiaria inmediatamente si tuvieran la voluntad. Han defendido en varias ocasiones la necesidad de expropiar la casa si el propietario no frena su grave deterioro o no acepta venderla para su adquisición pública.
Por su parte, tanto el ayuntamiento de Alcarràs como el departamento de Cultura han defendido sus actuaciones para frenar el deterioro de Cal Macià. Han señalado que han requerido obras al propietario y han negociado la compra de la casa. Ambas administraciones han rechazado las acusaciones de desatención que han motivado la investigación de la Fiscalía. Agentes de la Guardia Civil visitaron el consistorio hace dos semanas para recabar documentación, y la conselleria recibió un requerimiento del ministerio público el pasado lunes para facilitar documentos.