Esta medida busca garantizar la seguridad y la preservación del inmueble, que ha mostrado signos de deterioro. Fuentes de la consejería han indicado que, a pesar de las negociaciones en curso, se mantiene activo el procedimiento de obras subsidiarias, una herramienta administrativa que permite la intervención directa en propiedades privadas si el titular no cumple con sus obligaciones, repercutiendo los costes al propietario.
Paralelamente, la Fiscalía de Lleida ha abierto una investigación para determinar si el Ayuntamiento de Alcarràs y el Departamento de Cultura han permitido el progresivo deterioro de Cal Macià. Esta acción judicial se ha iniciado a raíz de una denuncia presentada por la Plataforma Salvem Cal Macià, que ha alertado sobre la inacción de las administraciones en la conservación de la casa.
Hace dos semanas, agentes de la Guardia Civil visitaron el consistorio de Alcarràs para recoger documentación. El objetivo era averiguar la titularidad del inmueble, así como obtener información sobre posibles reuniones para su adquisición y si la Generalitat tenía conocimiento del estado de conservación de la propiedad.
“"Ahora ya no estamos negociando con él porque solo quiere tratar con la Generalitat."
El alcalde de Alcarràs recordó que anteriormente se había acordado con el propietario la compra de la casa por 120.000 euros, con pagos fraccionados de 30.000 euros anuales durante cuatro años. Sin embargo, en el momento de formalizar la operación, el propietario solicitó una cantidad superior, alrededor de 250.000 euros, lo que provocó la ruptura de las negociaciones.
