La Fiscalía mantiene la acusación contra el antiguo dirigente por unas presuntas irregularidades cometidas entre los años 2014 y 2018. Según el ministerio público, el club habría defraudado un total de 828.000 euros mediante la falta de alta de jugadores o la declaración de jornadas inferiores a las reales.
“"No tenía voluntad de incumplir la normativa laboral."
Durante la vista, un subinspector de la Inspección de Trabajo ha testificado que la entidad obstruyó la investigación, obligando a entrar en las oficinas del Camp d'Esports con la Guardia Civil. Se detectaron casos de futbolistas que cobraban el desempleo mientras jugaban partidos oficiales.
La defensa de Esteve ha admitido una posible infracción administrativa pero niega el delito penal, alegando que el club pagaba a los profesionales y compensaba a los amateurs. El juicio ha quedado visto para sentencia.
