El TSJC reitera la orden de aplicar la sentencia contra la inmersión lingüística

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interviene de nuevo en el modelo lingüístico escolar, a pesar de los recursos pendientes en el Supremo.

Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa con documentos legales.
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Imagen genérica de un mazo de juez sobre una mesa con documentos legales.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha vuelto a ordenar la aplicación de la sentencia que anulaba la parte del decreto de régimen lingüístico escolar que blindaba el catalán como lengua vehicular, a instancias de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB).

Esta decisión del TSJC se produce a pesar de que el Tribunal Supremo aún no ha resuelto los recursos de casación presentados contra el fallo original. La intervención judicial en el modelo de inmersión lingüística en la escuela catalana es considerada una anomalía, ya que este modelo contaba con un gran consenso social hasta que entidades minoritarias como la AEB optaron por la vía judicial.
En resoluciones anteriores, los tribunales se han permitido fijar el porcentaje de enseñanza en castellano que debe impartirse en varios centros. La sentencia actual, hecha pública el día antes del último Onze de Setembre, considera que no se garantiza una 'presencia razonable' de esta lengua, a pesar de que el decreto del Govern preveía una 'presencia adecuada del castellano para garantizar la competencia lingüística del alumnado al finalizar la etapa educativa obligatoria'.
Por otro lado, la consellera de Economía, Alícia Romero, defendió en Lleida el nuevo modelo de financiación autonómica pactado a principios de año con ERC. Este modelo busca corregir la infrafinanciación de Cataluña, que es la tercera comunidad que más aporta a la caja común y la novena a la hora de recibir, según recordó Romero. El modelo de financiación vigente caducó hace doce años y su reforma es urgente, ya que la actual estructura limita la capacidad presupuestaria de la Generalitat y se basa en un marco aprobado hace diecisiete años.

En términos de financiación por habitante, la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas con presidentes del PP, son las que más ganan respecto al sistema actual.