Las quejas se han formalizado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y las consejerías de agricultura de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón. Los productores afectados cultivan principalmente fruta de hueso y de pepita.
Según el despacho Mas Farré Abogados, las empresas estarían obligando a los agricultores a entregar la cosecha sin tasación previa ni documento mercantil. Esta práctica incumple la Ley de la Cadena Alimentaria, reforzada tras las movilizaciones de 2019.
“"El agricultor a veces se ve en la necesidad de coger el dinero que le ofrecen para evitar una situación de insolvencia."
Las sanciones por estas irregularidades pueden alcanzar los 100.000 euros en casos graves, como pagar por debajo del coste de producción, y hasta el millón de euros si existe reincidencia.
