La carga burocrática que las empresas deben afrontar en su relación con las administraciones públicas puede llegar a ser desproporcionada, consumiendo un tiempo de trabajo muy superior al necesario para la tarea principal. Así lo pusieron de manifiesto diversas voces durante una jornada organizada en Lleida.
El presidente de Pimec Lleida, Borja Solans, ilustró esta situación con un ejemplo concreto: una empresa tuvo que dedicar 8 horas a recopilar 34 documentos para una verificación visual y cambio de aceite y filtros, una tarea que en realidad solo requería media hora de trabajo.
“"Nos tiramos a la piscina porque era una oportunidad para hacer algo para todo el mundo, pero los municipios como el nuestro no están preparados para afrontar esta carga de trabajo."
En el mismo encuentro, moderado por el presidente de la Associació Empresa Familiar de Lleida, Marc Cerón, el alcalde de Riner y presidente de la Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà, compartió las dificultades de su ayuntamiento para rehabilitar la Casa Gran del Miracle, a pesar de contar con una subvención europea de 2,7 millones de euros. Solà expresó que, ante la experiencia, quizás no volvería a emprender un proyecto así por la complejidad administrativa.
El economista Ramon Morell citó estudios que estiman el coste anual del exceso de regulación y las trabas administrativas en 90.000 millones de euros, cifra que representa aproximadamente el 6% del PIB español.
