El consistorio ha cobrado hasta ahora 76 de las 224 sanciones impuestas, cada una de 200 euros, mientras que el resto de expedientes se encuentran en proceso de tramitación. La concejala de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, ha defendido que la medida busca cumplir la normativa legal para municipios de más de 50.000 habitantes y promover un cambio en los hábitos de movilidad en la capital del Segrià, y no recaudar fondos.
Morón ha calificado el número de sanciones como "importante y representativo", aunque reconoció que es bajo en comparación con el volumen de desplazamientos diarios. Expresó satisfacción por el resultado, reiterando que el objetivo no es la recaudación municipal. Antes del inicio del régimen sancionador, entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2025, se llevó a cabo una fase pedagógica donde los infractores recibían una notificación sin multa para informarles sobre la nueva regulación.
El régimen sancionador se activó el 1 de julio de 2025. La ZBE fue suspendida temporalmente entre el 22 de enero y el 10 de marzo de este año debido a problemas en el servicio ferroviario de Cercanías. La media de 1,2 sanciones diarias se aplica solo a los días efectivos de funcionamiento de la ZBE, de lunes a viernes laborables.
Actualmente, la ZBE de Lleida afecta al Centro Histórico, restringiendo el acceso a turismos y furgonetas sin distintivo ambiental de la DGT que no cumplen los requisitos municipales. Las restricciones son de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 horas, excepto fines de semana y festivos. Los vehículos con distintivos 0, ECO, C y B, así como los que tributan el impuesto de circulación en Lleida, pueden circular libremente. También tienen acceso garantizado el transporte público, vehículos de emergencia y los de personas con movilidad reducida. Las furgonetas y camiones pequeños sin etiqueta ambiental tienen una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Paeria ha tramitado 255 exenciones desde la implementación de la ZBE, principalmente para personas con movilidad reducida, pero también para servicios esenciales, transporte público y mercancías. Morón ha destacado la revisión individualizada de cada expediente por parte de los servicios técnicos municipales, buscando tener en cuenta situaciones excepcionales y colectivos vulnerables para minimizar las molestias.
