La plantilla, formada por unos 130 empleados, denuncia que la empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) aplica criterios de gestión pública o privada de forma arbitraria. Según los sindicatos UGT y CCOO, esta ambigüedad perjudica directamente a los salarios y derechos de los profesionales.
“"Si son empleadas públicas, hay que aplicar también las condiciones laborales del sector público: jornadas más bajas, ratios adecuadas y derechos equiparables."
Las representantes de los trabajadores reclaman que se aplique el convenio estatal de residencias, que prevé aumentos del 4,5% para 2024 y del 4,36% para 2025. Actualmente, GSS limita estos incrementos al 2,5%, cifra que consideran insuficiente.
Ante esta situación, los sindicatos han instado al Departamento de Salud y al Departamento de Derechos Sociales a intervenir para determinar qué marco laboral corresponde a estos centros de la red pública en Lleida.
