Esta reducción pone de manifiesto la ineficacia de las políticas actuales para abordar la crisis de la vivienda, que se ha convertido en una barrera social significativa. Los datos revelan que, durante los años ochenta, se construían una media de 572 viviendas protegidas anualmente en la capital del Segrià. Hoy en día, esta cifra apenas llega a la veintena.

Incluso durante el período de la burbuja inmobiliaria, entre los años 2000 y 2009, la construcción de pisos protegidos fue ocho veces superior a la actual. La creencia de que el mercado por sí solo resolvería el problema del acceso a la vivienda, mediante la liberalización de suelo o la incentivación de promociones privadas, ha resultado fallida.

Las consecuencias de esta política son evidentes: precios de alquiler disparados, compra inaccesible y generaciones enteras con dificultades para emanciparse, especialmente en grandes ciudades y zonas con presión turística. El informe del nuevo POUM de Lleida confirma que el alquiler aumentó un 55% entre 2005 y 2023, mientras la oferta asequible desaparecía.

La principal diferencia respecto a hace cuarenta años no es solo el precio de los pisos, sino la desproporción entre los salarios y el coste de la vivienda. A principios de los noventa, un piso equivalía a unos 12 o 14 años de salario bruto. Actualmente, en Lleida, el precio medio supera los 1.400 euros por metro cuadrado, y un piso modesto de segunda mano puede costar más de 120.000 euros, mientras los salarios han avanzado mucho menos.

Históricamente, la vivienda protegida nunca ha sido rentable sin el apoyo público. En los períodos de mayor construcción, existían ayudas directas, financiación favorable y una fuerte intervención administrativa, factores que hoy son prácticamente inexistentes. Los mismos promotores reconocen que, sin subvenciones y estabilidad normativa, los proyectos no son viables. La solución, según los expertos, pasa por una construcción masiva y sostenida de vivienda pública.