La propuesta de ordenanzas fiscales para 2027, defendida por el alcalde Fèlix Larrosa, ha obtenido el apoyo del gobierno municipal (PSC) y las abstenciones de ERC y Junts, mientras que PP, Vox y Comú han votado en contra. Las medidas buscan incentivar y facilitar la construcción de vivienda digna mediante colaboración público-privada.
Entre las principales modificaciones, se amplía de 5 a 6 años la bonificación del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas de protección oficial. También se incrementa del 75% al 95% la bonificación en el Impuesto sobre Construcciones y Obras (ICIO) para la reforma y mejora de viviendas cedidas a las Bolsas de Vivienda, ahora aplicable también a la primera corona del Ensanche. La construcción de viviendas de régimen especial para alquiler tendrá una bonificación del 95% en el ICIO, y la bonificación en la plusvalía por inmuebles incorporados al programa de mediación para el alquiler social se amplía del 80 al 95%.
En cuanto a la tasa de residuos, se efectuará un retorno a ciudadanía y empresas de 580.000 euros por la reducción de costes del servicio este año. El descuento por vivienda oscilará entre 4,73 y 8,21 euros, con rebajas también para garajes, locales inactivos y solares. Para la actividad económica, la rebaja variará entre 4,16 y 164,14 euros.
La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, ha destacado la reducción de la presión fiscal desde 2023 y las nuevas medidas para la vivienda. La oposición, representada por Xavi Palau (PP), ha calificado las ordenanzas de "continuistas" y ha lamentado la no aceptación de enmiendas. Jordina Freixanet (ERC) ha reclamado políticas de vivienda "valientes" y Neus Caufapé (Junts) ha cuestionado los plazos de cumplimiento del gobierno.
Gloria Rico (Vox) ha criticado las ordenanzas por "improvisadas" y ha defendido una rebaja de impuestos. Laura Bergés (Comú de Lleida) considera que la propuesta "se queda muy corta" e insta a utilizar todos los instrumentos fiscales para movilizar la vivienda vacía.
