El consistorio de Lloret de Mar llevará a aprobación en el pleno municipal de este martes un convenio con la empresa Flinder Data SL, vinculada a la familia del exmandatario kazajo. Este acuerdo pone fin a un largo conflicto urbanístico que comenzó en 2007, cuando la propiedad adquirió la finca de Can Juncadella, de unas 20 hectáreas en el Macizo de Cadiretes, y cerró el acceso al sendero litoral y al GR-92.

Según los términos del convenio, la propiedad asumirá la totalidad de los costes de redacción del proyecto y la ejecución de las obras para un nuevo trazado del camino. Esta solución busca evitar una nueva judicialización del caso, que ya vio al Tribunal Supremo ratificar en 2023 la obligación de restablecer el paso, a pesar de que el camino ha continuado bloqueado por vallas y sistemas de videovigilancia.

El nuevo recorrido será diseñado bajo la supervisión de los técnicos municipales y de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de garantizar su integración paisajística en una zona declarada Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Antes del inicio de las obras, el convenio deberá pasar por un período de información pública de un mes y obtener la aprobación definitiva de la Comisión de Urbanismo de Girona.

Desde la llegada del clan kazajo a Lloret de Mar, los vecinos han denunciado el cierre de caminos, un despliegue de seguridad inédito y obras presuntamente irregulares, como el vertido de 100 metros cúbicos de arena en la cala Rajols para crear una playa privada o la construcción de una piscina sobre los acantilados. Además, la influencia de la familia Nazarbáyev se extiende al sector sanitario de lujo en Barcelona, con la creación de una clínica de medicina regenerativa en el barrio de Les Tres Torres.

A pesar del anuncio del acuerdo, entidades como SOS Lloret mantienen su escepticismo, recordando un convenio similar de 2009 que fue incumplido. Los activistas exigen la retirada inmediata de las vallas y la cartelería disuasoria en cumplimiento de las sentencias judiciales firmes.