Jordi Camps, acusado de un delito continuado de prevaricación administrativa, ha comparecido ante la Audiencia de Girona, donde el juicio ha quedado visto para sentencia. El alcalde de Vidreres ha asegurado que el consistorio actuó con celeridad para cubrir la vacante del jefe de la Policía Local en plena pandemia, optando por un proceso interno de selección basado en currículums.
“"Todo el mundo tuvo las mismas oportunidades."
Camps ha subrayado que todas sus decisiones se fundamentaron en informes técnicos y asesoramiento externo. Asimismo, ha explicado que ordenó revisar uno de los decretos iniciales al detectar posibles irregularidades, lo que llevó a la suspensión de los nombramientos y a la adopción de una nueva estructura organizativa para la dirección del cuerpo policial.
Los otros tres acusados, el entonces inspector y dos agentes, también han negado haber actuado de manera coordinada para beneficiar a ningún candidato, defendiendo que los seleccionados eran los más cualificados para los cargos. Por el contrario, la fiscalía y la acusación particular mantienen que se eludió el procedimiento legal establecido y que los agentes nombrados no cumplían los requisitos necesarios.
Las peticiones de pena incluyen 14 años de inhabilitación para el alcalde y 10 para el inspector, mientras que para los dos agentes se solicitan multas y la suspensión de empleo público.
