Esta organización, creada hace seis meses para defender los intereses de los profesionales del sector, se presentó la semana pasada en la provincia de Tarragona, eligiendo Salou como escenario. La localidad de la Costa Daurada es el segundo municipio catalán con más viviendas de uso turístico, solo superada por Barcelona.

El colectivo exige la derogación del decreto o, al menos, una prórroga que permita la reubicación de los afectados. También piden que la normativa se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas que aseguren el mantenimiento de los puestos de trabajo. Según datos de la Generalitat de marzo de 2026, Salou cuenta con 7.163 pisos turísticos.

Laporta estima que la nueva regulación podría suponer la desaparición de más de 20.000 plazas de alojamiento turístico en la capital de la Costa Daurada, poniendo en peligro unos 10.000 puestos de trabajo. Además, subraya que los empleados son 'el eslabón más débil de la cadena' y que 'no tenemos alternativa, no existe ningún plan'.

El impacto se extendería a perfiles muy diversos, desde personal de limpieza y mantenimiento hasta empresas que ofrecen servicios complementarios, como desarrolladores de aplicaciones de reserva, estudios de interiorismo o lavanderías que dependen en gran medida de este sector. El Decreto Ley 3/2023, que se desplegará completamente en 2028, establece una fecha de caducidad para las licencias y limita a 10 el número de licencias por cada 100 habitantes.

En Salou, esto implicaría la eliminación de aproximadamente 3.500 pisos turísticos. En toda la provincia de Tarragona, de las 23.000 licencias actuales, la mayoría también deberían ser suprimidas. Durante la presentación del movimiento, el alcalde de Salou, Pere Granados, expresó su rechazo a una aplicación uniforme del decreto, argumentando que la problemática del acceso a la vivienda es diferente en cada municipio y defendiendo la autonomía municipal para regular su realidad.