El caso AME, que supuso la detención de 30 personas el pasado mes de octubre, consistía en el abandono intencionado de menores que llegaban a Catalunya con visado de turista. La Policia Nacional estima que el fraude total podría alcanzar los 1,6 millones de euros, afectando a un centenar de expedientes en la zona del Camp de Tarragona.
“"No se ha considerado necesario iniciar ningún procedimiento interno o auditoría de los protocolos de tutela."
Desde el Govern se descartan responsabilidades administrativas dentro de la DGPPIA (antigua DGAIA), argumentando que fueron los propios profesionales públicos quienes detectaron las irregularidades. Por el momento, no se publicará un informe oficial hasta que concluyan todas las investigaciones judiciales en curso.
