La entidad sostiene que los datos asistenciales demuestran que el ictus es una realidad frecuente en la provincia de Tarragona. Destacan que, ante una emergencia de este tipo, la rapidez en la intervención es crucial para salvar vidas y reducir posibles discapacidades permanentes.
“"No se trata de una reivindicación política, sino de una exigencia de justicia territorial y de equidad en el acceso a la sanidad pública."
La reclamación exige un plan de trabajo concreto que asegure los recursos y garantías para los profesionales sanitarios. La asociación presentará esta postura al Departamento de Salud con el objetivo de establecer una colaboración institucional que permita el despliegue progresivo del servicio 24/7.
