La falta de efectivos en la Administración General del Estado (AGE) en Tarragona es una realidad preocupante, con un 27,7% de las plazas sin cubrir. Según un informe del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), basado en datos del Portal de Transparencia del pasado mes de mayo, hay 354 vacantes de un total de 1.278 puestos de trabajo. Esta cifra podría ser incluso superior, ya que algunas plazas figuran cubiertas pero ocupadas por personal en comisión de servicios o funciones distintas.
Los servicios más afectados por la falta de personal son aquellos de gran afluencia ciudadana. Las unidades de tramitación del DNI y pasaportes operan con un 44,2% de plazas vacantes, la Jefatura Provincial de Tráfico (DGT) un 42,4%, y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) un 31%. Esto se traduce en mayores tiempos de espera para citas previas y trámites esenciales.
La situación del personal laboral es aún más grave, con 73 de 163 plazas vacantes (44,8%). En el SEPE, por ejemplo, siete de las trece plazas están sin cubrir.
El estudio, liderado por Bárbara Primo, responsable de AGE en Lleida y Tarragona, señala el llamado «efecto trampolín». Tradicionalmente, hay poca cultura de oposiciones a la AGE en Cataluña, lo que provoca que muchas plazas en Tarragona sean ocupadas por opositores de otras comunidades autónomas, que prefieren las oposiciones de la Generalitat o locales. Además, el perfil del opositor ha cambiado: ahora son personas de entre 40 y 45 años, con familias consolidadas, que buscan retornar a su hogar una vez conseguida la plaza.
Tarragona se convierte en una «academia de formación» costosa. El personal llega, recibe formación en normativas complejas como la de extranjería, y se marcha cuando ya tiene la experiencia necesaria. La principal dificultad para arraigar es económica: un auxiliar administrativo percibe unos 1.050 euros netos mensuales, una cifra insuficiente ante el coste del alquiler en la ciudad. Esto ha llevado a trabajadores a renunciar a la plaza.
Un estudio de Supera Oposiciones indica que el 46,6% de los funcionarios en Cataluña han rechazado traslados o promociones por la crisis inmobiliaria. El 69,9% valora el retorno a su origen como factor determinante para elegir destino. El sindicato critica que el sistema centralizado de salarios ignora la disparidad de costes de vida, descapitalizando Tarragona.
El personal fijo en la provincia sufre desgaste por cubrir vacantes y formar constantemente a nuevos compañeros que se marchan. Esto genera desmotivación y la sensación de no poder ofrecer un servicio de calidad. El personal desplazado también sufre estrés y ansiedad por vivir lejos de sus familias.
CCOO exige un plan de acción urgente, proponiendo reconocer Tarragona como territorio de «difícil cobertura» con complementos salariales, y la regionalización de los exámenes de acceso para garantizar la permanencia del personal en el territorio.
La Subdelegada del Gobierno, Elisabet Romero, afirma ser consciente de la necesidad de plantillas bien dimensionadas y destaca que 2026 será el sexto año consecutivo de oferta de empleo público con creación neta de empleo, superando las 37.000 plazas a nivel estatal, de las cuales 27.232 son para la AGE. Anima a los opositores a elegir Tarragona como destino, destacando la estabilidad y proyección profesional.
