Nuevas viviendas públicas en diez municipios de Tarragona

El Govern de la Generalitat licitará la construcción de 566 pisos en 31 localidades catalanas, con un enfoque en solares de pequeñas dimensiones.

Imagen genérica de un plano de construcción con un casco de seguridad y una cinta métrica, simbolizando el desarrollo de viviendas.
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Imagen genérica de un plano de construcción con un casco de seguridad y una cinta métrica, simbolizando el desarrollo de viviendas.

El Govern de la Generalitat, con el presidente Salvador Illa a la cabeza, ha firmado convenios con ayuntamientos para impulsar la construcción de 566 viviendas públicas en 31 municipios catalanes, diez de los cuales se encuentran en la provincia de Tarragona.

La iniciativa, que se enmarca en el plan 50.000 para ampliar el parque público de vivienda hasta 2030, prevé la licitación de 42 terrenos con capacidad para 20 pisos o menos. Esta estrategia está diseñada para facilitar la participación de pequeñas empresas constructoras y atender las necesidades de municipios con menos recursos técnicos.
Los municipios tarraconenses beneficiados por esta primera fase incluyen El Vendrell y Calafell (Baix Penedès), Espluga de Francolí (Conca de Barberà), Alcover (Alt Camp), La Canonja (Tarragonès), Almoster, Les Borges del Camp y Mont-roig del Camp (Baix Camp), Falset (Priorat) y La Sènia (Montsià).

"Es un sistema enormemente flexible, adaptado a la realidad de los municipios."

Salvador Illa · Presidente de la Generalitat
La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha destacado que este método representa 'una nueva línea de trabajo inédita' y ha subrayado la importancia de la colaboración con los ayuntamientos para incrementar el parque de vivienda pública en Cataluña.
En representación de los consistorios, el alcalde de Planoles, David Verge, ha defendido la construcción de vivienda como 'clave' para retener a los jóvenes y revitalizar el dinamismo económico y social en pueblos que han sufrido una pérdida significativa de población. Ha solicitado más apoyo a la Generalitat para afrontar las limitaciones municipales, especialmente en financiación y capacidad técnica.
Los acuerdos establecen que la Agencia de la Vivienda de Cataluña supervisará el cumplimiento de las condiciones durante 75 años, tras los cuales las viviendas revertirán a los ayuntamientos. Los consistorios se comprometen a agilizar las licencias de obras y los procesos administrativos. En cuanto a la adjudicación, los ayuntamientos podrán gestionar directamente la selección de los beneficiarios o delegarla, siempre bajo criterios de transparencia y con la posibilidad de establecer requisitos como el empadronamiento.
En total, esta primera fase prevé la licitación de 63 terrenos para construir hasta 823 viviendas. Illa ha afirmado que Cataluña lidera la construcción de vivienda protegida en el Estado, con 3.517 pisos protegidos levantados en 2025, representando tres de cada diez en España.