Este miércoles se celebró la primera reunión conjunta entre el Ayuntamiento de Tarragona, la Generalitat, la Diputación y representantes de las entidades vecinales para establecer el Comité de Evaluación y Seguimiento. Este órgano de gobernanza supervisará el despliegue de un proyecto que prevé una inversión total de 25 millones de euros.
“"Formalizamos el inicio de los trabajos que durarán los próximos cinco años, con la confianza de que se cumplirán los plazos, porque el Ayuntamiento tiene todas las piezas bien trabadas, y estoy convencido de que dentro de poco ya empezarán a verse los primeros resultados."
El comité, formado por trece miembros, se reunirá anualmente para evaluar las 34 actuaciones previstas. Aunque el primer año se dedicará principalmente a la redacción de proyectos y bases para ayudas, las primeras acciones podrían iniciarse en 2026, gracias a una partida de 2,4 millones de euros incluida en el presupuesto municipal.
Entre las primeras iniciativas, se habilitará la oficina del Plan de Barrios, con personal municipal y contrataciones adicionales, para mantener un contacto diario con los residentes y las entidades. Además, se creará un tercer órgano, el consejo ciudadano, para fomentar la participación.
Un representante de la administración autonómica aseguró que los Planes de Barrios no se verán afectados por la posible falta de presupuestos de la Generalitat, ya que las partidas están garantizadas mediante un modificativo de crédito. No obstante, la convocatoria de 2026 podría verse condicionada, ya que solo hay 200 millones de euros asegurados, una cantidad que el Govern espera aumentar con la aprobación de los presupuestos.
Tras la reunión, el alcalde de Tarragona se mostró confiado en que el plan supondrá una «transformación integral» del Barri del Port, con un impacto positivo en toda la ciudad. La reforma del Fórum de la Colonia y la recuperación del eje Unió-Prim-Apodaca son dos de las actuaciones clave para expandir estas mejoras.
La propuesta se centra en reducir las desigualdades, mejorar las condiciones de vida y garantizar el acceso a servicios básicos y vivienda digna. Para lograrlo, se plantean más de treinta actuaciones que abarcan transformaciones físicas, transición ecológica y acción comunitaria, cofinanciadas por el Ayuntamiento y la Generalitat.
