La norma, que cierra una de las vías utilizadas para sortear el tope a las rentas de la vivienda habitual vigente en Catalunya, recibió el voto favorable de toda la izquierda: PSC-Units, ERC, Comuns y la CUP. Esta regulación nace de un decreto previo que fue modificado por la mayoría de izquierdas durante el trámite parlamentario para introducir las nuevas regulaciones.
“"El beneficio es legítimo cuando es positivo para la comunidad, mientras que no puede ser considerado beneficio si llena un bolsillo o pocos bolsillos y provoca pérdidas para el resto."
La nueva regulación establece que cualquier alquiler destinado a la “satisfacción de la necesidad de vivienda” será considerado “permanente”, independientemente de la duración del contrato, sujetándolo así a la regulación de precios en zonas tensionadas. Los alquileres de temporada solo serán aquellos que se acrediten para uso recreativo o turístico. Además, la ley blinda unas 35.000 viviendas que en los próximos años habrían perdido la calificación de protección oficial.
“"La intervención pública en el mercado de la vivienda es urgente y prioritaria."
La oposición de la derecha fue frontal. La diputada de Junts, Glòria Freixa, acusó a la mayoría de izquierdas de legislar “por la puerta de atrás” y defendió la necesidad de atraer la inversión privada. Por su parte, Àngels Esteller del PPC calificó la regulación de un ataque a la propiedad privada y puso en duda su constitucionalidad, mientras que Mònica Lora de Vox criticó la “inseguridad jurídica” de la norma.
