Esta iniciativa, enmarcada en un plan piloto que se extenderá a otros institutos de Catalunya, prevé la integración de estos agentes en espacios de trabajo ya existentes, como las comisiones de convivencia, de atención inclusiva (CAEI) y de absentismo. La presencia policial no responde a problemas de inseguridad, según el Govern, sino a la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y la comunidad educativa ante el aumento de la complejidad en el entorno escolar.
Los centros educativos donde se desplegará el proyecto son los institutos Ribera del Sió de Agramunt, Lo Pla d'Urgell de Bellpuig, Manuel de Pedrolo y Alfons Costafreda de Tàrrega, así como el instituto Val d'Aran de Vielha y la Escòla d'Ostalaria de Les. La labor de los agentes será facilitar la detección y resolución de incidencias de convivencia, casos de absentismo o necesidades de mediación, manteniendo el liderazgo en la toma de decisiones por parte de los equipos directivos.
“"Cualquier medida para prevenir y detectar situaciones no deseadas, y que sirva para mejorar la convivencia y la educación de los jóvenes, es positiva."
A pesar de la justificación del Govern, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de sindicatos de docentes y asociaciones de familias de alumnos. El sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec-Stes, ha criticado la "lógica policial" de la conselleria de Educación, mientras que la CGT ha alertado de que la presencia policial puede "criminalizar al alumnado más vulnerable" y generar "desconfianza y estigmatización".
Otras entidades, como la campaña Desmilitaritzem l'Educació, han calificado la medida de "despropósito" y han exigido su retirada inmediata. Por su parte, CCOO ha rechazado la prueba piloto, considerando que no es el enfoque correcto, y ha pedido más inversiones en políticas públicas para abordar la complejidad de las aulas.
