La iniciativa, que busca garantizar la convivencia escolar, comenzó ayer y ya ha provocado protestas en varios centros. El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña (CEESC) ha solicitado la retirada de esta prueba piloto y ha reclamado la incorporación de profesionales de la educación social en los centros.

El plan se está implementando en 14 institutos, entre los que se encuentran el Manuel de Pedrolo y el Alfons Costafreda de Tàrrega, el Ribera del Sió de Agramunt y el Lo Pla d'Urgell de Bellpuig, todos ellos en la comarca del Urgell. También se ha desplegado en dos centros de la Val d'Aran, el INS de Vielha y la Escola Ostalaria de Les.

Las protestas más significativas se registraron en dos institutos de máxima complejidad de L'Hospitalet de Llobregat, donde decenas de personas manifestaron su desacuerdo con la medida. Los trabajadores denunciaron que la decisión se ha tomado sin consultar a la comunidad educativa y con una total falta de información.

En Tàrrega, los dos institutos participantes aparecieron con carteles que expresaban el rechazo a la presencia policial. Fuentes del Departamento de Educación aseguraron que, más allá de la colocación de carteles, no se registraron problemas significativos. Explicaron que los agentes de paisano realizarán tareas de prevención y acompañamiento a docentes y alumnos para mejorar la convivencia escolar.

Según las mismas fuentes, el proyecto surge de la creciente complejidad en el entorno de los centros educativos y la necesidad de reforzar el bienestar del alumnado y de toda la comunidad. Sin embargo, los docentes y trabajadores de L'Hospitalet exhibieron lemas como “menos mossos y más educadores sociales” y “fuera las fuerzas de ocupación de los centros educativos”. Un alumno criticó la falta de información a las familias y calificó la medida de “ataque racista y estigmatizador”, dada la gran proporción de alumnos de origen extranjero y en situación de vulnerabilidad.