La acción legal conjunta se ha dirigido a la consejera de Territorio y busca la suspensión inmediata de la autorización ambiental, publicada el pasado 24 de diciembre. Los consistorios de Ponent consideran que la región ya soporta una carga medioambiental excesiva y expresan su “desacuerdo y malestar” por el diseño actual de la implementación de las macroplantas.
“"El movimiento constante de 30.000 camiones al año, que trasladan restos de heces y cadáveres, pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas en Ponent."
El alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, ha denunciado que el despliegue actual de la factoría de biogás, promovida por la firma Copenhagen Infraestructure Partners (CIP), es el más grande del Estado y representa un “peligro para la bioseguridad ganadera” en un contexto de aumento de pandemias. Estiarte también lamentó la falta “de dialéctica y de información previa” en torno al diseño del proyecto.
La abogada de los consistorios, Esther Sancho, ha señalado que los cinco recursos de reposición impugnan tres supuestos legales para solicitar la suspensión, incluyendo la necesidad de garantizar que no se pierda la finalidad del recurso y la apariencia de buen derecho. Sancho ha confirmado que cuentan con un informe técnico de la plataforma Pobles Vius que alerta sobre el aumento de enfermedades infecciosas en el ganado derivado del proyecto.
La Conselleria dispone ahora de un mes para responder a los recursos. Los ayuntamientos han hecho un llamamiento al resto de consistorios de Ponent para que se unan a la iniciativa y han advertido que, si la medida cautelar es desestimada, no descartan llevar el caso a los tribunales, tal como ya hicieron con la aprobación del Plan Especial Urbanístico.
