Esta decisión se hizo pública durante una reunión bilateral entre el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y el alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez València, en el ayuntamiento local. Al encuentro también asistió la exalcaldesa y consejera Eva Menor, quien ha sido una firme defensora de la actualización de la financiación especial para este municipio, caracterizado por su limitada extensión territorial.
El incremento de la financiación, que representa un 7,34% por habitante, busca estabilizar la transferencia de fondos, elevando la aportación específica a 4,11 millones de euros. Esta singularidad financiera responde a las características urbanas de Badia del Vallès, que con solo 0,9 kilómetros cuadrados, no dispone de espacios para crecer ni de una actividad económica robusta. Además, sus valores catastrales son notablemente bajos, lo que reduce la recaudación del IBI, a pesar de tener uno de los tipos impositivos más altos del país.
“"Badia tiene una singularidad urbana que la hace especial, tiene 0,9 kilómetros cuadrados, no tiene posibilidades ni espacios para poder crecer, tiene una falta de actividad económica y además se le suma un elemento que también es muy importante, y es que toda la parte de viviendas tienen unos valores catastrales muy bajos."
El nuevo sistema de financiación, basado en los 4,1 millones de euros, actualiza el acuerdo de 3 millones pactado en 2015, que había permanecido congelado a pesar de la inflación. El consejero Albert Dalmau ha subrayado que este acuerdo responde a una 'reivindicación histórica', mientras que Eva Menor ha destacado que el Gobierno cumple su compromiso con la ciudad, dotándola de un sistema de financiación estable que considera la capacidad fiscal y los ingresos, no solo los gastos. El presupuesto municipal de Badia para 2026 se estima en 14,75 millones de euros.
La reunión también sirvió para actualizar el calendario de retirada de amianto de los edificios. La Generalitat, a través de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), otorgó en 2021 una subvención de 4,49 millones para esta tarea. Actualmente, la fase 1, que afecta a 127 comunidades de vecinos, ha prorrogado su plazo de ejecución hasta el 13 de octubre de 2027. Se ha anunciado una segunda fase que permitirá intervenir en 38 edificios adicionales, con el objetivo de que 'Badia sea la primera ciudad de Europa libre de amianto', según Dalmau.
En materia de vivienda, el Gobierno se ha comprometido a colaborar con el consistorio en una mesa de trabajo para redefinir el modelo residencial, especialmente tras la liberación del régimen de protección oficial. Se estudiará el potencial de los terrenos de las antiguas escuelas para ampliar la oferta de vivienda pública. Actualmente, ya se está construyendo un nuevo bloque de 32 viviendas para menores de 35 años empadronados en el municipio, que el Incasòl prevé finalizar este año.
