La consellera de Educación, Esther Niubó, ha fichado como alto cargo del departamento a un concejal del PSC con un historial de comentarios considerados catalanófobos. Se trata de Víctor García Correas, actual primer teniente de alcalde de Rubí (Vallès Occidental) y responsable del área de Educación, que asumirá el cargo de coordinador de Proyectos Estratégicos de la secretaría de Mejora Educativa a partir del 22 de junio.
La trayectoria política de García ha estado marcada por polémicas relacionadas con la lengua. En febrero del año pasado, durante un pleno municipal, negó la unidad de la lengua catalana, afirmando que el catalán, el valenciano y el mallorquín no eran la misma lengua, y acusó a una concejala de la oposición de tener una “visión protoimperialista” por defenderla. Aunque posteriormente pidió disculpas y rectificó, años atrás ya había realizado intervenciones consideradas incendiarias.
El sindicato Intersindical ha rechazado frontalmente la incorporación de García. Su portavoz, Marc Martorell, ha declarado: “Es absolutamente inadmisible que una persona que ha negado públicamente la unidad de la lengua catalana asuma responsabilidades en una secretaría encargada de promover las políticas educativas y lingüísticas del país.” El sindicato considera que el gobierno envía un mensaje preocupante a la comunidad educativa en un momento de emergencia lingüística.
En el pleno municipal de febrero del año pasado, García defendió el secesionismo lingüístico en respuesta a la concejala Marina Dolset, afirmando que el catalán, el valenciano y el mallorquín tienen diferencias sintácticas grandes. Aunque horas después se disculpó y admitió que sus palabras “no fueron en absoluto acertadas”, años atrás, en 2019, ya había criticado la inmersión lingüística cuestionando el uso del castellano en las escuelas.
La Intersindical señala la responsabilidad del PSC y critica que el nombramiento se produzca en un contexto de conflicto educativo y pérdida de presencia del catalán en los centros. El sindicato exige explicaciones al Departamento de Educación y al PSC sobre los criterios del nombramiento, defendiendo que cualquier responsabilidad en el ámbito educativo y lingüístico debe ir vinculada al compromiso con el catalán.
