La sesión de julio, la última del curso político, cerró temas pendientes con 30 dictámenes del equipo de gobierno y tres mociones de la oposición. La mayoría de puntos fueron de carácter técnico-administrativo, incluyendo reconocimientos de crédito, declaraciones de especial interés para obras, concesiones de subvenciones y expedientes de crédito.
La tasa turística inició un debate ideológico con la aprobación provisional de la ordenanza para incrementarla. Lluís Matas (Junts) defendió la gestión, argumentando que el incremento del euro en hoteles y 0,60 en pisos turísticos a 2 euros y 1,20 respectivamente no desincentivaría las visitas. El punto fue aprobado con los votos del PSC, ERC y Junts, la abstención de Crida per Sabadell y Comuns, y el voto en contra de PP, Vox y el concejal no adscrito Gabriel Fernández.
La prórroga por tres años del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria a SMATSA, vigente desde 2012 y rodeado de polémica por el caso Mercurio, generó un intenso debate. El abogado Raül Garcia Barroso advirtió sobre la nulidad de origen del contrato y posibles responsabilidades penales. La teniente de alcaldesa Mar Molina defendió la prórroga por necesidad de tiempo para estudiar la nueva licitación, mientras la oposición criticaba la demora. Finalmente, la prórroga fue aprobada con los votos a favor de PP y Junts, la abstención de Vox, y el voto en contra de los grupos de izquierda y el concejal no adscrito.
La sesión se suspendió cuando una veintena de personas vinculadas a la izquierda independentista desplegó una pancarta e intentó leer un manifiesto en la sala de plenos. La protesta respondía a los obstáculos para conceder permisos a actividades culturales y lúdicas de este ámbito. La sesión se reanudó en el vestíbulo tras la lectura del manifiesto.
Ninguna de las tres mociones presentadas por Crida, el concejal no adscrito y Vox prosperó. La moción para recuperar la masía de Can Llong fue rechazada. La propuesta de Gabriel Fernàndez para un pacto de campaña electoral cívica recibió el voto negativo de todos los grupos. La moción de Vox contra el Plan Territorial Sectorial para la generación eléctrica y fotovoltaica de la Generalitat también fue rechazada por unanimidad.
