Josep Sánchez Llibre ha revalidado la presidencia de Foment del Treball, la principal patronal catalana, por tercera vez consecutiva. La reelección se ha producido sin oposición, consolidando su liderazgo hasta 2030. El acto, celebrado en la sede de la asociación empresarial en Vía Laietana, ha contado con la presencia de destacadas figuras del sector privado catalán y español, como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu.

El mandato que ahora inicia Sánchez Llibre ha sido descrito como "continuista" y cuenta con el apoyo de 290 socios. Una de las primeras prioridades será "profundizar la relación con la Generalitat" para desbloquear los presupuestos y evitar nuevas prórrogas, ya que considera que "un país sin cuentas públicas no puede funcionar". A pesar de mostrarse optimista sobre un posible acuerdo entre PSC y ERC, ha alertado sobre un "incremento de la presión fiscal a las empresas y familias de Catalunya".

En línea con su programa, Sánchez Llibre ha defendido la necesidad de "recortes y eliminaciones de impuestos" y "estabilidad normativa" para el sector privado. Entre las propuestas destacan la supresión del impuesto de patrimonio y la reforma de los impuestos de sucesiones y donaciones, así como la deflactación del IRPF. "Queremos servicios públicos sostenibles, y eso se consigue ampliando bases con más actividad, no ahogando siempre a quienes cumplen", ha declarado.

La patronal también pone el foco en la mejora de las infraestructuras catalanas, con un déficit histórico estimado en 50.000 millones de euros. En el ámbito energético, Foment defiende la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares. Otro de los principales retos será la "lucha contra el absentismo laboral", que consideran una "emergencia silenciosa" que frena la productividad. El objetivo es reducir la tasa de ausencias del 5,5% actual al 4%, nivel de 2019, lo que supondría un ahorro de 16.000 millones de euros.

Durante el acto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el "sectarismo y radicalidad" del gobierno español en materia de regulación laboral y ha lamentado la "demonización" de los empresarios. Ha defendido la "unidad" entre las organizaciones empresariales como clave para su fuerza negociadora.