La entidad colgó una pancarta de grandes dimensiones, 10 metros de ancho por 7 de alto, en el equipamiento público, actualmente en desuso. Bajo el lema ‘Especuladores, fuera de Sabadell. Nadie más sin techo en nuestra ciudad’, la PAH ha querido poner el foco en la difícil situación del mercado de la vivienda. Según sus datos, en la ciudad se producen más de 350 desahucios anuales, una media de casi siete semanales. Además, señalan que la mitad del salario familiar se destina al alquiler y la edad media para acceder a la primera vivienda en propiedad se ha elevado hasta los 38 años.
La elección del cuartel como emplazamiento para la pancarta no es casual. La PAH lo describe como un "símbolo del abandono del derecho a la vivienda por parte de las instituciones y, a la vez, de resistencia popular por la defensa de la vida". El edificio había sido ocupado por unas cuarenta personas sin techo el pasado otoño, pero fue desalojado por el Ayuntamiento bajo el argumento de riesgo de derrumbe.
El aniversario se celebró oficialmente este sábado con un encuentro en la plaza del Treball, en el barrio de Gràcia. El acto contó con la participación de diversas colectivos y sindicatos vinculados a la lucha por la vivienda, como los sindicatos anticapitalistas CGT y CNT, la entidad feminista Justa Revolta, el centro social L’Obrera, el casal Can Capablanca y un representante de la Confederació Sindicat d’Habitatge de Catalunya. La jornada se cerró con actuaciones musicales de Abril y Remei de Ca la Fresca.
La PAH nació durante los peores momentos de la crisis económica derivada del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando miles de familias perdieron sus viviendas por impago de las hipotecas, manteniendo la deuda. Posteriormente, la problemática se trasladó a los alquileres. Durante estos 15 años, la entidad ha ofrecido asesoramiento a cientos de personas a través de asambleas semanales, creando una importante red de apoyo. Han organizado numerosas acciones reivindicativas, incluyendo encierros en oficinas bancarias y dependencias de la administración pública.
Sus demandas principales incluyen el incremento del parque público de vivienda, la mejora de los protocolos de atención social y la oposición al rescate bancario y a la actuación de los fondos especulativos y las multinacionales energéticas. Han actuado como mediadores entre administraciones y entidades financieras para conseguir alquileres sociales, y reivindican que la falta de garantías en el derecho a la vivienda aboca a muchas familias a la ocupación de inmuebles.
Cabe recordar que el artículo 47 de la Constitución española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada, e insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y regular el uso del suelo para evitar la especulación.
