Después de que el consistorio denegara el expediente de ruina y obligara a la rehabilitación, la propietaria ha decidido vender el bloque entero por un precio que oscila entre los 250.000 y los 300.000 euros. Las familias afectadas por este desalojo forzoso continúan sin poder regresar a sus hogares.

Ante esta situación, la Alternativa d'Unitat Popular (AUP) ha planteado que el Ayuntamiento de Rubí adquiera los pisos. La propuesta incluye la deducción del precio final de los gastos ya asumidos por el consistorio en alojamientos temporales y hoteles para las familias desalojadas. El objetivo sería rehabilitar el edificio para integrarlo en el parque público de vivienda o cederlo a una cooperativa de vivienda sin ánimo de lucro.

La AUP ha recordado que la propietaria es una gran tenedora con un patrimonio estimado de diez millones de euros. Según la formación, la intención inicial de la propiedad era conseguir que el Ayuntamiento declarara el edificio en ruina, lo que la eximiría de la rehabilitación y solo la obligaría al derribo, un gasto mínimo en comparación con su capital, para posteriormente especular con el suelo. Ante la negativa municipal, la propietaria ha optado por la venta a un precio inferior al de mercado para desentenderse del problema.

La Alternativa insta al consistorio a actuar, considerando esta situación como una oportunidad para las familias y para toda la ciudad de Rubí. La propuesta busca evitar que otro inversor especulador adquiera los pisos y los ponga en el mercado a precios inalcanzables, defendiendo el papel del Ayuntamiento como garante del derecho a la vivienda.

Esta iniciativa se presentó en el marco de una jornada de debate sobre vivienda organizada entre los meses de marzo y abril en el CRAC, donde se abordó la importancia de este bien de primera necesidad desde diversas perspectivas, incluyendo el rol de los poderes públicos y la administración local para asegurarlo a la ciudadanía.