La Junta de Vecinos de Valldoreix aprobó el jueves 18 de junio una moción del Partido Popular para reconocer los perjuicios de los vecinos de la avenida del Baixador y reclamar medidas compensatorias mientras no se complete la urbanización de la zona. La propuesta prosperó con los votos a favor de PP y Vox, mientras que el resto de grupos políticos se abstuvieron, aunque compartieron el diagnóstico sobre la situación de los residentes y expresaron dudas sobre la viabilidad legal de una compensación económica.
El portavoz popular, Carlos Aranguren, defendió que los vecinos acumulan años de agravios por la falta de urbanización y continúan pagando el IBI en condiciones "lamentables". Propuso que el Ayuntamiento de Sant Cugat estudie fórmulas de compensación basadas en este impuesto hasta que las obras estén ejecutadas, argumentando que "hay causas suficientes para buscar un acuerdo extraordinario" para compensar los perjuicios acumulados.
Desde Vox, Juan Pich-Aguilera apoyó la iniciativa, esperando que sirva para presionar a las administraciones y acelerar la urbanización. Sugirió que la "pérdida de contribuyentes" podría ser un motivo de peso para las administraciones para continuar trabajando en el proyecto.
Junts per Valldoreix se abstuvo, considerando "necesaria" una compensación. La vocal juntaire Lluïsa Muñoz afirmó que su grupo apoya el fondo de la propuesta, pero reclamó "garantías jurídicas" antes de aprobarla definitivamente.
El vocal de Economía, Ramon Segura (ERC), admitió que los vecinos "no están tratados como corresponde" y recordó actuaciones previas de la EMD para dignificar la zona. No obstante, expresó reticencias a vincular la compensación con el IBI para evitar "precedentes complicados". El gobierno también se abstuvo "por solidaridad con los vecinos", dejando la puerta abierta a estudiar posibles medidas.
