La iniciativa, que implica la presencia de agentes de paisano y sin arma reglamentaria en algunos centros, ha sido calificada de irresponsable por diversos sectores. La principal crítica se centra en la falta de consulta previa con la comunidad educativa y en el hecho de que los centros escogidos para esta prueba piloto, según algunas voces, concentran mayoritariamente alumnos de origen árabe, lo que podría conllevar una estigmatización.

Esta medida llega en un momento de tensión con el profesorado, que recientemente ha protagonizado una huelga importante y reclama inversiones en educación desde hace décadas. Mientras que los Mossos han visto aumentado su sueldo, el profesorado ha recibido incrementos salariales mínimos, generando un sentimiento de indignación.

A pesar de reconocer la existencia de problemáticas de convivencia en algunos institutos y la necesidad de dotar a los docentes de más herramientas, la comunidad educativa considera que la presencia policial no es la solución. Argumentan que esta medida representa un fracaso de las políticas educativas y un camino peligroso, ya que criminaliza los centros y sus alumnos, y puede destruir el sentido educacional.

En lugar de reforzar el papel de los docentes, ampliar los equipos de psicólogos, educadores sociales, integradores o enfermeros, la decisión ha sido la de insertar la policía, una opción que, según los críticos, es más económica pero menos efectiva. Además, se destaca que la publicación, aunque indirecta, de los nombres de los centros implicados en la prueba piloto ha generado un daño irreparable, ya que los ha señalado públicamente.

La experiencia en otros países donde se ha implementado una medida similar ha demostrado ser un fracaso, incluso empeorando la convivencia. La comunidad educativa insiste en que las soluciones pasan por medidas de tipo social, como más personal, menos alumnos por aula y talleres de sensibilización, en lugar de la presencia policial.