La tensión fue palpable durante la sesión plenaria de la EMD de Bellaterra el pasado lunes 15 de diciembre, marcada por pancartas y silbidos. El gobierno de Bellaterra Endavant rechazó, con sus cinco votos, la moción de la oposición (Gent per Bellaterra y ERC) que solicitaba crear una comisión específica para redactar el informe de anexión a Sant Cugat del Vallès.
“"La petición de segregación se fundamenta tanto en la distancia física entre Bellaterra y el centro urbano de Cerdanyola como en una distancia económica y social."
Los grupos de la oposición, incluidos los vocales Guillem Nadal, Carles Triginer, Laura Batalla y la no adscrita Maria Jesús Cornellana, expresaron su desconfianza sobre el contenido del informe que está ultimando el presidente, temiendo que no sea lo suficientemente contundente a favor de la segregación. El presidente se comprometió a someter el documento a votación en el pleno del 29 de diciembre, a pesar de tener potestad para firmarlo sin aval.
El plazo clave para entregar los informes técnicos a la Generalitat de Catalunya finaliza el 7 de enero de 2026. El Ayuntamiento de Cerdanyola, históricamente contrario al proceso, tiene previsto aprobar una declaración institucional el 18 de diciembre, mientras que el Ayuntamiento de Sant Cugat, que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente, ultima su documento.
Esta demanda territorial se remonta a 2019, cuando el 61% de la población de Bellaterra firmó a favor de la anexión a Sant Cugat. El proceso recibió un impulso legal en junio de 2024, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) desestimó un recurso del Ayuntamiento de Cerdanyola, obligando a abrir el expediente de alteración del municipio.
