La petición de segregación de Bellaterra, la urbanización con la renta per cápita más alta de Cerdanyola, ha escalado a una disputa política entre los dos municipios del Vallès Occidental. El alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón (PSC), calificó de "desleal" la actuación de Sant Cugat el pasado 12 de enero por entregar un informe favorable a la anexión sin consulta previa y mediante un mensaje de WhatsApp.
Esta tensión llevó al gobierno de Cerdanyola a suspender temporalmente las negociaciones para un nuevo convenio con la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Bellaterra, iniciadas en noviembre de 2024. Este acuerdo preveía triplicar la aportación municipal (actualmente 573.000 euros anuales) y ampliar las competencias de autogobierno de la EMD.
“"Una hipotética segregación de Bellaterra crearía un precedente peligroso en Cataluña, ya que abriría la posibilidad de que los territorios se agrupen exclusivamente en función de su renta económica."
A pesar de los desacuerdos con Sant Cugat, todos los grupos políticos de Cerdanyola votaron por unanimidad el 18 de diciembre una declaración institucional defendiendo la integridad territorial del municipio. El Ayuntamiento de Cerdanyola prevé finalizar el expediente de segregación y anexión en marzo, y la decisión final de la Generalitat de Cataluña se espera que llegue pasado el verano.
Los portavoces municipales criticaron la gestión del conflicto. Íñigo García de Enterría (ERC) lamentó que el debate derive en una disputa institucional, mientras que Pedro Arco Montalbán (En Comú Podem) definió la demanda de segregación como una posición "clasista" basada en la capacidad contributiva.
