Desde el mes de marzo, los Mossos d'Esquadra comenzaron a recibir denuncias de pacientes de la cadena de clínicas dentales Oral Studio, quienes alegaban haber quedado con tratamientos a medio hacer tras el cierre de varios centros. En Terrassa, la preocupación creció entre los clientes de la clínica ubicada en la calle de la Font Vella, que finalmente ha bajado la persiana este mes de abril, a pesar de haber abierto en agosto de 2023.
Muchos de los afectados ya habían abonado parte del tratamiento o lo estaban financiando. Una nota en la persiana de la clínica atribuye el cierre a “causas de fuerza mayor”. Ante esta situación, los clientes se han organizado en un grupo de WhatsApp que reúne a afectados de todas las clínicas de Catalunya para compartir información y recibir asesoramiento.
El Ayuntamiento de Terrassa, consciente del alcance de la afectación, ha emitido una nota de prensa en su web municipal con recomendaciones para los pacientes. Aconseja recopilar toda la documentación relacionada con el contrato, incluyendo publicidad, presupuestos, contratos, facturas, comprobantes de pago y el historial clínico, antes de emprender cualquier acción legal o reclamación.
Por el momento y hasta la declaración de concurso de acreedores de la clínica, si la hubiera, recopilad toda la documentación alrededor del contrato, es decir, publicidad, presupuestos, contratos, facturas y comprobantes de pago, historia clínica, etc. Y deberéis presentar una reclamación a la empresa en función del medio de pago utilizado.
Para aquellos que financiaron el tratamiento con un crédito al consumo vinculado al servicio, se recomienda enviar una reclamación por burofax o correo certificado al centro. Si no hay respuesta satisfactoria en un mes, se debe trasladar la reclamación a la entidad financiera para solicitar la paralización de los recibos y la devolución de la parte no prestada. En caso de no obtener solución, el Servicio Público de Consumo puede intervenir mediante mediación o arbitraje.
Si el pago se realizó con tarjeta de crédito, se aconseja contactar con la entidad financiera para intentar anular los cargos. En caso de no ser posible, la vía judicial es la opción, sin necesidad de abogado ni procurador si el importe no supera los 2.000 euros. Para los pagos en efectivo o con crédito personal no vinculado, también se puede recurrir a la vía judicial si la empresa no responde en un mes.
Paralelamente, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Barcelona (COEC) ofrece canales de atención y asesoramiento para presentar denuncias formales e iniciar procedimientos disciplinarios. También se recuerda a los pacientes su derecho a acceder al historial clínico, un documento clave para acreditar la situación del servicio contratado y no prestado. Se pueden utilizar modelos de formulario de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o de la Generalitat de Catalunya para solicitarlo. Si la clínica deniega el acceso, se puede presentar una reclamación a la AEPD.
