Durante el acto, los portavoces criticaron duramente el modelo de colaboración público-privada implantado en Cataluña desde hace décadas, afirmando que este “debilita el sistema público y favorece el negocio privado”, especialmente a raíz de los recortes posteriores a la crisis de 2008. Para revertir esta situación, exigieron la derogación de la Ley 15/1997, que permite nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
La vocación no justifica la explotación.
El manifiesto de la Comisión reclama un incremento del presupuesto en sanidad pública, con un mínimo del 25% destinado a la atención primaria, y mejoras en la accesibilidad. Entre las demandas clave se encuentran visitas con el médico de familia en menos de 48 horas, la reducción de las listas de espera y unas urgencias “dignas y no colapsadas”.
También se hizo hincapié en la precariedad de los profesionales sanitarios y en la necesidad de reforzar la atención en salud mental, pediatría y odontología en los CAP. A nivel local, la Comisión denuncia el incumplimiento de compromisos adquiridos hace más de tres años en Terrassa, como la construcción del CUAP-CAP, el nuevo CAP Nord, la ampliación del CAP Sud y el desdoblamiento del CAP Rambla. En este contexto, se reclamó la dimisión de la consejera de Salud, Olga Pané.
“"Nos va la vida en ello."
La concentración sirvió para anunciar un calendario de movilizaciones comarcales, con convocatorias en Rubí (el 14 de febrero), Terrassa (el 21 de febrero) y Viladecavalls (el 28 de febrero). Estas acciones culminarán en una manifestación unitaria prevista para el 11 de abril, también en Terrassa.
