La iniciativa del Ayuntamiento de Terrassa busca asegurar que los inquilinos puedan acogerse a la prórroga de dos años establecida por el decreto ley del gobierno español, que permite extender los contratos hasta diciembre de 2027. La concejala de Promoción Pública de Vivienda, Lluïsa Melgares, ha confirmado que se están enviando mensajes por móvil a 425 familias, animándolas a solicitar esta extensión.

Esta acción se lleva a cabo en un contexto de incertidumbre, ya que el decreto debe ser convalidado en el Congreso de los Diputados antes del 28 de abril. La posible oposición de partidos como Junts per Catalunya podría hacer que la medida no prosperara, generando dudas sobre la validez de las solicitudes de prórroga realizadas durante este período. No obstante, Melgares subraya la importancia de ejercer el derecho mientras esté vigente.

El decreto, impulsado por el ejecutivo de Pedro Sánchez, también establece un tope de aumento anual del precio del alquiler del 2%, independientemente de otras regulaciones. Además, la concejala ha recordado que la ley catalana por el Derecho a la Vivienda de 2023 permite prórrogas de hasta tres años en zonas tensionadas como Terrassa, si el propietario no avisa con la antelación correspondiente.

Ante la complejidad y las diferentes interpretaciones legales, especialmente entre asociaciones de propietarios e inquilinos, Melgares aconseja revisar cada contrato individualmente, no asumir que la prórroga sea siempre la mejor opción y buscar asesoramiento legal antes de tomar decisiones. El Col·lectiu Ronda, que defiende a los inquilinos, argumenta que las medidas del decreto mantendrían su validez jurídica incluso si la norma decayera por falta de convalidación parlamentaria.

A nivel local, Xavier Martínez, militante de Comuns Terrassa, ha instado al alcalde Jordi Ballart a posicionarse a favor de las 19.000 familias inquilinas de la ciudad, llegando a sugerir la ruptura del gobierno municipal si Junts per Catalunya no apoya la prórroga de los alquileres.