El acuerdo, alcanzado por PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP, prevé clarificar las amonestaciones según la gravedad de los hechos y definir las funciones de la comisión del estatuto del diputado y de la Mesa del Parlament en estos casos.
La inclusión de este código de conducta dentro del reglamento parlamentario tiene como objetivo blindar las posibles sanciones ante futuros recursos judiciales, dotándolas de mayor seguridad jurídica.
Esta reforma llega poco después de que la cámara catalana tuviera que amonestar públicamente a la dirigente de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, y al portavoz parlamentario de Vox, Joan Garriga, por haber vulnerado el código de conducta vigente.
