La reforma, que consta de 9 artículos, responde a una petición de la Mesa del Parlament y a una recomendación de la Comisión del Estatuto del Diputado. El texto establece que los diputados no podrán utilizar un lenguaje "ofensivo o difamatorio" que discrimine, calumnie, fomente, promueva o incite al odio en ninguna de sus comunicaciones.
También se modifican las normas relativas a las peticiones de reconsideración y las llamadas al orden, recordando a los diputados la necesidad de respetar el reglamento y el Código de Conducta, evitando desórdenes, acusaciones cruzadas o expresiones inconvenientes.
La reforma concreta las funciones de la Comisión del Estatuto del Diputado y de la Mesa en caso de infracción de los deberes o del Código de Conducta. Se establecen sanciones clasificadas como leves, graves o muy graves, con multas que oscilan entre los 600 y los 12.000 euros.
Las infracciones leves incluyen incumplimientos generales del reglamento. Las graves implican dar información incompleta o aceptar regalos por valor de 150 a 600 euros. Las muy graves abarcan la manipulación intencionada de información, el incumplimiento del deber de abstención por conflicto de intereses, aceptar regalos superiores a 600 euros, o protagonizar amenazas, coacciones o actos de violencia.
Las sanciones serán una amonestación pública para las leves; amonestación pública y multa de 600 a 6.000 euros para las graves; y amonestación pública y multa de 6.001 a 12.000 euros para las muy graves. En casos muy graves, se podrá estudiar la prohibición de formar parte de delegaciones del Parlament hasta por un año.
Recientemente, la Mesa del Parlament impuso una amonestación pública a la diputada Sílvia Orriols y al portavoz de Vox, Joan Garriga, por una falta leve al Código de Conducta.
