Esta declaración, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado martes 27 de octubre, abre la puerta a la solicitud de ayudas directas y bonificaciones fiscales para compensar los perjuicios sufridos por particulares, negocios e instituciones, así como para reparar las infraestructuras dañadas.
Las personas o entidades que puedan acreditar los daños sufridos durante estos episodios ya pueden tramitar su solicitud en la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.
Estas ayudas están destinadas a paliar los daños personales y materiales, y también los perjuicios causados a aquellas personas físicas o jurídicas que prestaron servicios o aportaron bienes para responder a la emergencia.
