La nueva ley dota a las Cámaras de un marco legal actualizado, refuerza su función institucional, de consulta y de participación, e impulsa la colaboración público-privada, mejorando el actual modelo de financiación para continuar apoyando el tejido empresarial catalán. Esta aprobación pone fin a más de una década sin una normativa autonómica adaptada a la realidad del sistema cameral catalán.
La Ley de Cámaras permitirá adaptar la normativa catalana a la Ley básica estatal de Cámaras de Comercio de 2014, ya que Cataluña era una de las pocas comunidades sin una ley cameral actualizada, rigiéndose por una regulación obsoleta.
La norma culmina un proceso iniciado por las Cámaras con la redacción de una Proposición de ley y una larga interlocución con agentes sociales, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y los grupos parlamentarios. El texto ha superado todos los trámites gracias al aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries.
La ley reconoce cuatro grandes ámbitos de actuación: la representación de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación; la colaboración con las administraciones; la prestación de servicios a las empresas; y el fomento del catalán. También consolida un modelo de gobernanza basado en la pluralidad y la participación de los diferentes sectores económicos.
Uno de los aspectos más relevantes es la mejora del modelo de financiación. El Gobierno y las Cámaras suscribirán un convenio plurianual de tres años, y la Generalitat prevendrá una partida específica: 3 millones de euros el primer año, 5 millones el segundo y 7 millones el tercero.
La ley introduce los Planes Camerales para articular la colaboración entre Cámaras y administraciones, identificando necesidades prioritarias y proponiendo objetivos de desarrollo económico. También define con precisión la participación de las Cámaras en estudios económicos, encuestas empresariales y promoción económica.
La prestación de servicios a las empresas continúa siendo una función esencial, garantizando el respeto a los principios de libre competencia. La norma incorpora avances en transparencia, gobernanza, información sobre subvenciones, convenios, contratación, políticas de igualdad y retribuciones.
Con esta ley, Cataluña dispone de un marco legal moderno que refuerza el papel de las Cámaras como instituciones de representación económica y apoyo al tejido empresarial, consolidando mecanismos de transparencia y eficiencia.
