En la lectura del veredicto, los miembros del tribunal consideraron probado que los dos hombres degollaron a la víctima con arma blanca y la enterraron en la planta baja del inmueble ubicado en la calle de la Església. El jurado acordó por unanimidad que la víctima tenía una deuda de solo 35 euros con los principales investigados, en un punto donde también se vendían y consumían drogas.
El jurado determina que se necesitan mínimo dos personas para realizar este tipo de agresión.
El tribunal popular dictaminó que la víctima tenía sus capacidades volitivas y cognitivas gravemente mermadas durante la agresión debido al consumo de sustancias. Además, consideraron que las lesiones provocadas antes de la muerte también disminuyeron su capacidad de defensa.
Respecto al encubrimiento, el jurado absolvió a una de las investigadas por falta de pruebas, pero declaró culpables a los otros dos procesados. Una de ellas es la mujer que acudió a la Policía Local de Valls para denunciar el crimen, ya que el jurado concluyó que participó en la limpieza de la escena del crimen, coaccionada o no.
La Fiscalía ha mantenido las peticiones de pena, solicitando un total de 31 años de prisión para los dos principales acusados (25 por asesinato y 6 por detención ilegal). Para los culpables de encubrimiento, el ministerio público pide tres años de prisión y una indemnización conjunta de 125.000 euros para los familiares del fallecido.
